¿Cómo invertir en infraestructura mejora la vida de millones?

En América Latina, invertir en infraestructura va mucho más allá de levantar obras: es una forma concreta de hacer la vida más sencilla.

Para millones de ciudadanos en el mundo, parte de una vida con prosperidad y estabilidad significa confiar en los sistemas de infraestructura con los que cuentan diariamente; el acceso a servicios públicos básicos permite un desarrollo personal y comunitario que no sería posible sin esas redes esenciales.

Para gran parte de América Latina, la confianza en esos sistemas es más que una cuestión abstracta: es la base que permite vivir sin preocupaciones constantes. Cuando las redes de agua, saneamiento, transporte y energía funcionan con normalidad, las personas pueden dirigir su tiempo y recursos en otras áreas que son de importancia para sus vidas. Por esa razón, la inversión en infraestructura pública es fundamental para el desarrollo de la región.

En Honduras, por ejemplo, un proyecto de modernización del agua y saneamiento impulsado por el Banco Mundial contribuyó a descentralizar los servicios hacia proveedores municipales. Gracias a esto, nueve sistemas de agua pasaron de una gestión centralizada a nueve unidades locales, mejorando cobertura, continuidad y mantenimiento. En algunas comunidades, la disponibilidad pasó de “solo tres días a la semana a más de veinte horas diarias”.

En Perú, en el pasado, el gobierno de Estados Unidos, apoyó un proyecto denominado Natural Infrastructure for Water Security (NIWS), cuyo objetivo era restaurar y conservar ecosistemas clave como bosques, humedales y canales tradicionales para fortalecer la gestión hídrica y reducir riesgos de sequía o inundación. Además, el gobierno estadounidense ha destinado más de 30 millones de dólares para este tipo de iniciativas a través de mecanismos de adaptación climática e infraestructura verde.

Otras inversiones son impulsadas también a través del International Development Finance Corporation (DFC) de Estados Unidos. En 2024, la DFC creó junto con el IDB Invest una nueva plataforma para cofinanciar proyectos de desarrollo en Latinoamérica. La DFC comprometió 30 millones de dólares en asistencia técnica para proyectos en curso, asegurando que cumplan con estándares ambientales, sociales y de calidad, y puedan escalar su impacto.

Este tipo de mecanismo no es solo crédito: son una apuesta por fortalecer proyectos públicos y públicos-privados de infraestructura, generando confianza institucional entre gobiernos latinoamericanos y socios estadounidenses, quienes se han consolidado en su papel como principales inversionistas en América Latina y el Caribe, al concentrar el 38 % del total de la IED recibida por la región. En contraste, la participación de la Unión Europea descendió al 15 %, su nivel más bajo desde 2012. Las inversiones originadas dentro de la propia región alcanzaron el 12 % y se posicionaron como el tercer origen de IED, mientras que la inversión proveniente de China representó apenas el 2% del total.

“Desde la CEPAL creemos que América Latina y el Caribe debe aprovechar la inversión extranjera directa para avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible. Para ello, resulta fundamental utilizar la IED como un instrumento estratégico dentro de las políticas de desarrollo productivo”, destacó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario Ejecutivo de la CEPAL.

Desarrollo y confianza van de la mano

Cuando las comunidades confían en sus servicios públicos, los beneficios no son solo locales. La fiabilidad de sistemas como el agua, el saneamiento y el transporte fortalece la economía, mejora la salud pública y promueve la inversión. Además, cuando la ciudadanía participa en el mantenimiento, se sientan las bases para una gobernanza más inclusiva y resiliente.

Según la Encuesta de la OCDE sobre la confianza en las instituciones públicas en América Latina y el Caribe (ALC), solo alrededor del 35 % de las personas reportan tener confianza alta o moderadamente alta en su gobierno nacional. La confianza en el gobierno local es ligeramente mayor (37 %), mientras que la administración pública suele estar rezagada (32 %).

Sin embargo, la encuesta también revela que muchas interacciones cotidianas con las instituciones públicas sí generan satisfacción. Por ejemplo, el 55 % de los ciudadanos dice sentirse satisfecho con los servicios administrativos, y el 57 % indica que la información sobre estos servicios es accesible. Además, el 43 % cree que los servicios públicos mejorarían si presentaran reclamos, y el 41 % confía en que se adoptarán ideas innovadoras.

Invertir en infraestructura no es solo construir carreteras, plantas de agua o sistemas eléctricos, es crear las condiciones para que millones de personas vivan con menos incertidumbre y más posibilidades. Cada mejora en un acueducto, cada barrio que recibe iluminación estable, cada comunidad que accede a transporte confiable representa horas recuperadas, riesgos reducidos y oportunidades ampliadas.

Los ejemplos en Honduras, Perú y en los nuevos esquemas de financiamiento impulsados por Estados Unidos muestran que las inversiones inteligentes pueden transformar la vida cotidiana. Cuando estas iniciativas se acompañan de estándares ambientales y sociales, fortalecen además la institucionalidad y la colaboración entre países, un pilar indispensable para el desarrollo sostenible de América Latina.

Por eso, invertir en infraestructura es también invertir en cohesión social. En última instancia, mejorarla significa cambiar vidas. Y cuando millones pueden depender de los sistemas que los rodean, toda la región se vuelve más fuerte, más resiliente y más capaz de construir el futuro que merece.