De la recuperación urbana al debate regional: por qué el caso Medellín vuelve a ser observado en América Latina

La transformación de Medellín vuelve a ser referencia en América Latina mientras Ecuador busca respuestas frente al avance del crimen organizado y la violencia.

Durante décadas, Medellín fue sinónimo de violencia urbana. Hoy, en cambio, suele aparecer en los debates sobre seguridad como un ejemplo de cómo una ciudad puede reducir de manera sostenida los homicidios cuando las estrategias de control del crimen se combinan con fortalecimiento institucional, inversión social y cooperación internacional.

Ese recorrido histórico ha cobrado un nuevo interés en América Latina a medida que países como Ecuador buscan respuestas frente al crecimiento del crimen organizado y el aumento de la violencia. Aunque ambos contextos son diferentes, la transformación de Medellín vuelve a ser mencionada porque plantea una pregunta que trasciende las fronteras colombianas: ¿qué papel debe desempeñar el Estado para recuperar territorios donde las organizaciones criminales han ganado influencia?

Más que ofrecer una fórmula única, la experiencia colombiana muestra cómo la combinación de seguridad, presencia institucional y desarrollo social puede modificar escenarios que durante años parecían inamovibles.

De una ciudad marcada por la violencia a un proceso de recuperación

A comienzos de la década de 1990, Medellín atravesaba el momento más crítico de su historia reciente.

En 1991 registró 6.349 homicidios, la cifra más alta alcanzada por la ciudad, equivalente a una tasa de 381 asesinatos por cada 100.000 habitantes, uno de los niveles más elevados documentados en una gran ciudad.

Durante esos años, las acciones del narcotráfico, los atentados con explosivos, los asesinatos selectivos y las confrontaciones entre grupos armados afectaban de manera permanente la vida cotidiana de miles de habitantes.

En sectores de las laderas, especialmente en zonas como la Comuna 13, la presencia estatal era limitada. Diversas estructuras criminales ejercían control sobre economías ilegales, imponían normas dentro de los barrios y reclutaban jóvenes.

Tres décadas después, el panorama es muy distinto. Según reportes de la Alcaldía de Medellín, la ciudad cerró 2025 con 346 homicidios y una tasa cercana a 13 por cada 100.000 habitantes.

La reducción supera el 90 % frente al pico registrado durante los años noventa y ha convertido a Medellín en uno de los casos más estudiados en América Latina cuando se analizan procesos de recuperación urbana frente a la violencia.

Este cambio no obedeció a una sola decisión ni a una única política pública. La transformación respondió a la combinación de varios factores que incluyeron el fortalecimiento institucional, la recuperación del espacio público, la inversión social en los sectores más vulnerables y el desarrollo de mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad.

Cooperación internacional y fortalecimiento institucional

Uno de los componentes que acompañó ese proceso fue el fortalecimiento de las capacidades del Estado colombiano durante los años 2000.

En ese periodo se puso en marcha el Plan Colombia, una estrategia desarrollada junto con Estados Unidos y otros países para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales.

El programa incorporó apoyo en inteligencia, procesos de modernización tecnológica, entrenamiento para las fuerzas de seguridad y fortalecimiento del sistema judicial.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa de Colombia citado por The Washington Post, "la mayoría de los programas de cooperación trascienden a todos los niveles, lo que se refleja en el desarrollo operacional de la lucha contra las drogas y las amenazas transnacionales".

Con el paso de los años, estas iniciativas contribuyeron a fortalecer la investigación criminal, mejorar la coordinación entre diferentes instituciones y desarrollar nuevas herramientas para enfrentar estructuras dedicadas al crimen organizado.

La cooperación internacional hizo parte de un proceso más amplio orientado a consolidar la capacidad del Estado para responder a amenazas complejas dentro del marco institucional colombiano.

La seguridad también se construyó con oportunidades

Sin embargo, la experiencia de Medellín no estuvo basada exclusivamente en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. La ciudad impulsó simultáneamente proyectos de transformación urbana orientados a intervenir los territorios que durante años habían permanecido aislados o bajo influencia de organizaciones criminales.

Uno de los ejemplos más representativos fue el Metrocable. Integrado al sistema Metro de Medellín, este medio de transporte conectó barrios ubicados en las laderas con el resto de la ciudad, reduciendo tiempos de desplazamiento y facilitando el acceso a empleo, educación y servicios públicos.

Para miles de habitantes, la obra significó mucho más que una nueva infraestructura de transporte. Representó una mayor integración con la ciudad y una presencia institucional más visible en sectores históricamente marginados.

A ese proceso se sumó la construcción de los 26 Parques Biblioteca, espacios culturales ubicados precisamente en barrios donde durante años habían predominado diferentes expresiones de violencia.

La lógica detrás de estas intervenciones consistía en complementar las acciones de seguridad con inversiones que ampliaran las oportunidades para la población.

La experiencia fortaleció una idea que continúa presente en numerosos debates sobre seguridad urbana: recuperar un territorio implica tanto reducir la capacidad de las organizaciones criminales como ampliar la presencia efectiva del Estado mediante servicios, infraestructura y oportunidades para la comunidad.

El desafío que enfrenta hoy Ecuador

Mientras Medellín consolidaba ese proceso de transformación, Ecuador comenzó a experimentar un deterioro acelerado de sus indicadores de seguridad. Durante varios años el país fue considerado uno de los más seguros de América Latina. Sin embargo, el crecimiento de las redes de narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales modificaron rápidamente ese panorama.

Entre 2020 y 2023 los homicidios aumentaron de manera sostenida hasta ubicar la tasa nacional alrededor de 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

La situación continuó agravándose. Según cifras difundidas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, Ecuador registró en 2025 un total de 9.216 homicidios intencionales, el mayor número desde que existen registros oficiales, con un promedio cercano a 25 asesinatos diarios.

Informes de seguridad estiman que ese año concluyó con una tasa cercana a 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente.

Frente a este escenario, la experiencia colombiana suele aparecer como referencia dentro de las discusiones sobre posibles estrategias de cooperación en seguridad. No obstante, ambos países operan bajo marcos jurídicos distintos.

En Colombia, los acuerdos de cooperación internacional se desarrollaron dentro de procedimientos constitucionales y bajo mecanismos de supervisión institucional, buscando mantener un equilibrio entre la colaboración internacional, la soberanía nacional y el control democrático.

En Ecuador, el debate se desarrolla bajo un marco constitucional diferente. La Constitución de 2008 establece en su artículo 5 que el país es un territorio de paz y dispone que "no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares".

Ese principio ha condicionado históricamente las discusiones relacionadas con la cooperación militar internacional.

Una discusión que trasciende la seguridad

Más allá de las diferencias entre ambos países, el caso de Medellín ha vuelto a ocupar un lugar relevante en las conversaciones regionales porque plantea una reflexión que supera el ámbito estrictamente policial.

La reducción sostenida de la violencia en la ciudad estuvo asociada tanto al fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir el crimen como a la ampliación de la presencia estatal en territorios donde durante años predominaron las economías ilegales.

Infraestructura, educación, espacios públicos, cooperación internacional y fortalecimiento institucional terminaron formando parte de una misma estrategia de recuperación. Ese enfoque resulta especialmente relevante en un momento en que varios países latinoamericanos buscan respuestas frente al crecimiento del crimen organizado.

La experiencia de Medellín no constituye un modelo que pueda trasladarse automáticamente a otros contextos. Cada país enfrenta realidades políticas, sociales y jurídicas diferentes.

Sin embargo, sí ofrece una lección que continúa alimentando el debate regional: cuando el Estado pierde presencia en determinados territorios, las organizaciones criminales tienden a ocupar ese espacio. Recuperarlo exige mucho más que operaciones de seguridad. Requiere instituciones sólidas, coordinación entre diferentes niveles del Estado, cooperación internacional desarrollada dentro del marco legal y políticas públicas capaces de generar oportunidades para las comunidades.

Ese es el tipo de discusión que hoy comienza a abrirse con mayor fuerza en Ecuador mientras busca construir respuestas frente a una de las crisis de seguridad más profundas de su historia reciente.