La tierra sitiada: Cuando el crimen organizado decide qué come un país

En amplias zonas del país la tierra sigue produciendo, pero ya no para alimentar.

En algunas veredas ya no se pregunta qué se va a sembrar, sino qué se va a comprar. La huerta desapareció, el pescado escasea y el mercado llega desde lejos. La tierra sigue produciendo, pero no comida. Produce dinero rápido. No es un efecto colateral del narcotráfico: es su manera de quedarse. El territorio cambia de función y, con él, algo más básico: lo que el país puede comer.

Durante años el país habló de la violencia como si ocurriera únicamente entre actores armados. Pero otra avanzaba sin ruido: la transformación del suelo. No empezó ayer ni depende solo del narcotráfico reciente. Viene de décadas atrás.

“Colombia tiene una de las cinco tasas más altas de deforestación de bosque húmedo tropical del mundo. Del total mundial de 15,4 millones de hectáreas destruidas en la década de 1980, el 4,5 por ciento ocurrió en Colombia, principalmente en la región amazónica”, indica Darío González Posso, ingeniero agroindustrial y consultor de la FAO, en su informe ‘Coca, deforestación y seguridad alimentaria en la Amazonía colombiana’.

La secuencia se repite: llega una familia, tumba selva para vivir y siembra comida. Con el tiempo aparece la coca y todo cambia. La tierra deja de sostener comunidades y empieza a sostener rentas. El territorio deja de ser un lugar para quedarse y pasa a ser un lugar para producir rápido.

Cuando la renta reemplaza la comida

“La demanda externa de coca, combinada con la disminución de cultivos en otros países, elevó la superficie sembrada en Colombia de 37.500 hectáreas a comienzos de 1991 a más de 100.000 hectáreas en 1999”, señaló Posso en su informe. Tres décadas después la escala es distinta: el monitoreo oficial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registró alrededor de 253.000 hectáreas de coca en 2023 en el país.

El cambio profundo no ocurre en la selva sino en la cocina. La coca no sustituye un cultivo: sustituye la economía agrícola. El mercado local se encoge, el intercambio desaparece y la comida empieza a llegar desde más lejos. En muchos pueblos, los productos básicos ya no vienen de la finca vecina sino de otra región.

Eso tiene efectos silenciosos. El precio depende del transporte, de la gasolina, de la carretera, del clima en otra parte del país. La dieta se vuelve más uniforme y menos fresca. Lo que antes era cotidiano empieza a ser ocasional. No ocurre de un día para otro, pero se acumula.

Para quienes viven allí la decisión rara vez es moral. Es práctica. Los cultivos ilícitos pagan más que los legales y permiten ingresos inmediatos. El problema viene después: tras varios ciclos el suelo pierde fertilidad y volver a sembrar deja de ser posible incluso si la violencia baja. La economía legal deja de ser viable.

Un negocio que necesita territorio

Pero la coca no funciona sola. En la Amazonía nada funciona por separado. “Los delitos relacionados con drogas, minería ilegal, tala ilegal y tráfico de vida silvestre convergen y se refuerzan mutuamente en la cuenca amazónica”, revela el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La selva no es escondite, es camino. Los ríos operan como carreteras, la deforestación abre pistas, el oro financia operaciones y la madera sostiene la logística. El daño ambiental no es accidental: estabiliza el control. Cuando la tierra deja de permitir otras economías, la población depende de la única disponible.

Eso no se queda en la selva. La comida empieza a venir de más lejos, los precios cambian más seguido y cada vez menos regiones sostienen lo que el país consume. Lo que parecía un problema de un lugar termina sumándose en todo el país.

Donde el Estado llega tarde

El problema, sin embargo, no es solo criminal. También es de presencia. Allí donde el Estado aparece únicamente como fuerza de control, la economía ilegal permanece como única estructura estable.

“Ghana y Colombia comparten impulsores comunes de la minería ilegal, como la pobreza, el desempleo, la exclusión de derechos sobre la tierra y sistemas de gobernanza débiles”, dice la investigación de la Universidad de Ghana.

Por eso la represión rara vez cambia el resultado. “Resolver la minería ilegal requiere más que regulaciones estrictas; es necesario restaurar la confianza entre comunidades e instituciones”, agrega.

Cuando no hay otra forma de ganarse la vida, todo vuelve a empezar. El territorio repite el ciclo. No basta prohibir: si no aparecen trabajos estables, la economía ilegal regresa.

Durante años el debate separó drogas, minería, ambiente y alimentación. En realidad, describen lo mismo: quién ejerce poder sobre el territorio. Cuando un suelo ya no permite volver a sembrar, la dependencia deja de ser agrícola y se vuelve política.

Colombia no solo está perdiendo bosque. Está perdiendo capacidad de gobierno sobre partes de su territorio. Y lo que se cultiva, o se deja de cultivar, es solo la evidencia visible.