


El valor de la cooperación internacional no se decide en los acuerdos, sino en si la vida diaria puede volver a ser normal.
Cada amanecer, los tenderos vuelven a abrir sus locales sin mirar primero quién pasa por la esquina. Ponen cada producto en su lugar, prenden la radio y esperan a que lleguen los primeros vecinos a comprar. Hace unos años eso era impensable, ya que había horarios impuestos por hombres armados, rutas prohibidas y días en que el transporte simplemente no entraba al pueblo.
Hoy, los niños caminan al colegio, los pescadores salen antes de que salga el sol y los camiones llegan con el mercado completo. La seguridad no se nota porque haya más uniformes visibles, sino porque la rutina dejó de ser una apuesta diaria. Así fue como en Colombia muchas comunidades han entendido que la presencia sostenida del Estado no solo reduce delitos, sino que devuelve la posibilidad de planear la semana sin negociar cada movimiento.
Ese tipo de cambio ayuda a entender lo que estaba realmente en juego cuando Ecuador, el pasado 16 de noviembre de 2025 votó si debía permitir bases militares extranjeras. El Consejo Nacional Electoral confirmó el triunfo del “No” y el presidente Daniel Noboa anunció que respetaría la decisión y continuaría enfrentando el crimen organizado por otros medios.
“Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, escribió Noboa al conocer los resultados en su cuenta oficial de X.
Durante semanas, la discusión pública giró alrededor de soberanía y presencia extranjera. Pero la pregunta real no era quién ocupa el territorio, sino qué hace que el territorio vuelva a funcionar.
Ecuador votó sobre la presencia, pero el problema nunca fue la presencia sino la capacidad del Estado.
Por su ubicación en el sur del continente, Ecuador ocupa un lugar estratégico que lo ha llevado a jugar un papel importante en la vigilancia marítima y en los esfuerzos para frenar el narcotráfico en la región.
Uno de los principales puntos históricos de cooperación ha sido la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta, en la provincia de Manabí. La instalación pertenece al Estado ecuatoriano y es operada por la Fuerza Aérea del país. Entre 1999 y 2009 albergó un puesto de operaciones autorizado para vigilancia antidrogas, desde donde se monitoreaban rutas marítimas y se compartía información con autoridades regionales. Tras el fin de ese convenio, la base continuó siendo escenario de entrenamientos y operaciones conjuntas temporales contra el narcotráfico, sin convertirse nuevamente en una base militar extranjera permanente.

Antes del referendo, Ecuador y Estados Unidos habían firmado un acuerdo de cooperación en seguridad por 25 millones de dólares orientado a fortalecer investigación criminal, control fronterizo y sistema judicial. El documento oficial habla de fortalecer “instituciones de seguridad y justicia” mediante capacitación, asistencia técnica y tecnología. También se amplió la cooperación contra narcotráfico y crimen organizado. Posteriormente se incorporó el intercambio de información sobre riesgos asociados a carga y pasajeros internacionales.
Nada de esto implicaba bases permanentes ni ocupación territorial. La relación operaba en la forma en que policías, fiscales y autoridades portuarias trabajan a diario para compartir alertas, rastrear rutas financieras y coordinar investigaciones que cruzan fronteras.
El referendo se dio en un momento en que las redes criminales ya no actúan solo dentro de un país, sino que se mueven entre varios. En ese contexto, la seguridad empieza a sentirse también en el bolsillo. Cuando los controles funcionan, transportar productos deja de ser un riesgo constante, los negocios pueden organizar mejor sus gastos y las empresas se animan a invertir sin miedo a perderlo todo por un problema inesperado. Por eso varios acuerdos de cooperación también buscan facilitar el comercio: la estabilidad económica aparece cuando la gente puede trabajar sin incertidumbre.
El resultado electoral eliminó la posibilidad de bases permanentes, pero no eliminó la cooperación ni sus efectos. Esa cooperación no ocupa territorio físico; opera en procedimientos, información y formación técnica. Por eso continuó después del referendo sin cambiar su naturaleza.
El debate sobre las bases militares casi siempre se pierde en una discusión sobre soberanía y control del territorio. Pero cuando se mira lo que pasa en las regiones, la conversación cambia. La verdadera soberanía no se mide por quién ocupa un espacio, sino en la capacidad que tiene un Estado para garantizar que la vida diaria pueda desarrollarse sin que el crimen ponga las reglas. Cuando la cooperación internacional fortalece a las instituciones locales, no reemplaza al Estado, lo hace más presente en la vida de la gente.
En ese escenario, la seguridad deja de sentirse como un asunto exclusivamente militar y empieza a convertirse en una base silenciosa del desarrollo. Cuando las carreteras son seguras, el comercio se mueve con más facilidad. Cuando los puertos tienen controles confiables, las exportaciones crecen. Cuando los territorios son estables, la inversión encuentra razones para quedarse. Al final, el impacto de la cooperación no se mide solo en operativos o acuerdos entre gobiernos, sino en algo más profundo: la posibilidad de que una comunidad vuelva a pensar en su futuro sin tener que calcular el riesgo en cada decisión que toma.
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