Cuando el Estado vuelve al territorio: La lección de Medellín para Ecuador

De la ciudad más violenta del mundo a un referente de seguridad urbana. La historia de Medellín vuelve a aparecer en el debate regional mientras Ecuador busca cómo enfrentar el avance del crimen organizado.

A comienzos de los años noventa, Medellín era mencionada en el mundo por una tragedia constante. En 1991 la ciudad registró 6.349 homicidios, la cifra más alta de su historia. La tasa era de 381 asesinatos por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos jamás registrados en una gran ciudad.

Las bombas del narcotráfico, los asesinatos selectivos y las disputas entre grupos armados marcaron a toda una generación. En muchos barrios de las comunas de las laderas, especialmente en zonas como la Comuna 13, el Estado apenas tenía presencia. Las estructuras criminales imponían reglas, controlaban economías ilegales y reclutaban jóvenes.

Tres décadas después, la historia de Medellín es radicalmente distinta. La ciudad que en 1991 registró más de 6.300 homicidios y una de las tasas de violencia más altas del mundo cerró 2025 con 346 asesinatos, una tasa cercana a 13 por cada 100.000 habitantes, según reportes de la Alcaldía. La reducción supera el 90 % frente al pico de violencia de los años noventa y se ha convertido en uno de los casos más citados en América Latina sobre cómo una ciudad puede recuperar sus territorios cuando el Estado combina seguridad, inversión social y cooperación internacional.

La transformación fue el resultado de varios factores: fortalecimiento institucional, inversión social en los barrios más vulnerables, recuperación del espacio público y cooperación internacional en seguridad.

Cooperación internacional y fortalecimiento del Estado

Durante los años 2000, Colombia impulsó una estrategia de fortalecimiento institucional conocida como el Plan Colombia, una alianza de cooperación con Estados Unidos y otros países para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales.

El programa incluyó apoyo en inteligencia, modernización tecnológica, entrenamiento de fuerzas de seguridad y fortalecimiento del sistema judicial.

“La mayoría de los programas de cooperación trascienden a todos los niveles, lo que se refleja en el desarrollo operacional de la lucha contra las drogas y las amenazas transnacionales”, señaló el Ministerio de Defensa de Colombia en un comunicado citado por The Washington Post.

Con el tiempo, ese proceso permitió fortalecer las capacidades de investigación criminal, mejorar la coordinación entre instituciones y desarrollar nuevas estrategias contra el crimen organizado.

Medellín: seguridad con inversión social

Pero en Medellín la estrategia no se limitó a la acción policial. La ciudad apostó por combinar seguridad con inversión social en los territorios más golpeados por la violencia. Uno de los proyectos más simbólicos fue el Metrocable, un sistema de teleférico integrado al Metro que conectó barrios históricamente aislados en las montañas con el resto de la ciudad.

Para miles de habitantes de las comunas, ese proyecto representó mucho más que transporte. Significó acceso a empleo, educación y servicios públicos.

Otro símbolo de la transformación fueron los 26 Parques biblioteca, centros culturales construidos en barrios que durante años habían estado dominados por grupos armados. La idea detrás de estas intervenciones era sencilla pero poderosa: la seguridad no se construye solo con operativos, también con oportunidades.

El debate que hoy enfrenta Ecuador

En ese contexto, la experiencia colombiana suele citarse como referencia en los debates regionales sobre seguridad. En Colombia, los acuerdos de cooperación en seguridad se desarrollaron dentro de procedimientos constitucionales y bajo supervisión institucional, un factor que ayudó a mantener el equilibrio entre cooperación internacional, soberanía y control democrático.

En Ecuador, sin embargo, el debate ocurre dentro de un marco constitucional particularmente estricto. La Constitución de 2008 establece en su artículo 5 que el país es un territorio de paz y que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”.

Ese principio ha marcado durante años la política ecuatoriana en materia de cooperación militar y soberanía.

En los últimos años Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a enfrentar una de las crisis de violencia más profundas de su historia reciente. En 2025 el país registró 9.216 homicidios intencionales, la cifra más alta de la que se tiene registro oficial, con un promedio de 25 asesinatos diarios, prácticamente una muerte violenta cada hora, según datos difundidos por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

La escalada ha sido rápida. Hace menos de una década, Ecuador tenía una de las tasas de homicidios más bajas de la región, pero el crecimiento de las redes de narcotráfico y la disputa entre organizaciones criminales transformaron el panorama. Entre 2020 y 2023 los asesinatos se multiplicaron varias veces, y la tasa de homicidios alcanzó alrededor de 45 por cada 100.000 habitantes, ubicando al país entre los más violentos de América Latina.

En 2025 la tendencia se agravó. Informes de seguridad estiman que el país cerró el año con una tasa cercana a 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto de su historia reciente y uno de los más elevados del continente.

Cooperación y Estado de derecho

La experiencia de Medellín muestra algo incómodo para los debates de seguridad en América Latina: el problema rara vez es solo policial. Es estatal. Cuando el Estado desaparece del territorio, el crimen organizado lo reemplaza. Y cuando regresa, con instituciones, cooperación internacional y controles democráticos, el equilibrio cambia. Ese es, en el fondo, el dilema que hoy enfrenta Ecuador.